Suprema interviene Tribunal Ambiental por faltas a la probidad y hostigamiento

El lunes 2 de septiembre la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, inició una investigación para determinar graves irregularidades en el Tribunal Ambiental de Santiago (TA), a raíz de una serie de acusaciones cruzadas de malos tratos, faltas a la probidad y conflictos de intereses entre el presidente de la instancia Alejandro Ruiz y su colega Felipe Sabando.

La decisión de Cabello se basó en un acuerdo adoptado por el Pleno del máximo tribunal el 29 de julio pasado, luego que recibiera los antecedentes del ministro visitador del TA, Arturo Prado Puga.

De acuerdo a la información recabada por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, los hechos que dieron vida a esta indagatoria son consecuencia directa de un enfrentamiento declarado entre ambos magistrados, lo que se refleja -por ejemplo- en el acta Nº 6 del 29 de julio de 2019.

En ella Ruiz le enrostra a Sabando su falta de probidad y el mal uso de los recursos públicos, acusándolo de constantes inasistencias, el uso indiscriminado del estacionamiento institucional y pago de taxis sin justificación. Sabando, respondió de inmediato en la misma sesión.

“El ministro Sabando señala que todo lo anterior es prueba del acoso, hostigamiento y persecución de que está siendo objeto por parte del ministro Ruiz, por lo que ha hecho la correspondiente denuncia a la Corte Suprema y a la Asociación Chilena de Seguridad, dado que esta situación le estaría afectando su salud”, se estipuló.

En el mismo documento, puede leerse la versión contraria: “El ministro Ruiz solicita dejar registrado en acta que durante la sesión el ministro Sabando lo ha acusado de forma reiterada de ser hostigador y acosador, además de funcionarios del tribunal”.

Durante el desarrollo de la sesión, también estaba como ministro suplente, el magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera, quien presenció la discusión.

Distintos miembros del tribunal de alzada indicaron que la pelea en el TA recorrió los pasillos del palacio de tribunales. Algunos la comentaron como un hecho jocoso, pero no menos preocupante, atendido que la virtud cardinal de la “prudencia” es lo que debe guiar el comportamiento todo juez.

A tanto llegaron las diferencias entre ambos miembros del TA que Ruiz -de acuerdo a fuentes judiciales- presentó un largo escrito en la Suprema hace algunas semanas. En el documento plasmó en duros términos la conducta de su colega y habría solicitado que Sabando fuera removido de su cargo, ya que -a su juicio- dificulta el funcionamiento y las relaciones al interior del organismo. Ruiz fue consultado por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío sobre el particular, pero no quiso confirmar ni desmentir la información.

Como sea, al interior del TA se presentan constantes licencias y el rumoreo se ha convertido en una constante. “Así no dan muchas ganas de trabajar”, indicó un funcionario de la entidad.

Los alcances

En la Suprema explicaron a este medio que la revisión administrativa que inició Cabello, estará centrada en cómo la guerra desatada entre Ruiz y Sabando puede influir en el desempeño del tribunal encargado de resolver los litigios ambientales. De hecho, en el Pleno del máximo tribunal hubo algunos ministros que estimaron la posibilidad de usar el artículo 80 inciso 3 de la Constitución Política para removerlos de oficio, lo que finalmente no prosperó. Esta idea surgió de los ministros Lamberto Cisternas y Carlos Aránguiz.

La Fiscal Judicial ya inició la recopilación de antecedentes y decretó una serie de diligencias, entre ellas que funcionarios del TA presten declaraciones, como también los magistrados con miras a comprobar las denuncias.

Una vez que termine el procedimiento, Cabello deberá entregar las conclusiones y eventualmente propuestas de sanción -si así lo amerita- las que deberán ser resueltas por el Pleno de la Suprema.

Esta no es la primera vez que el alto tribunal interviene al TA. En 2017 envió al ministro Jorge Dahm a investigar conflictos similares durante tres meses.

Todo mal

Al Tribunal Ambiental de Santiago, pareciera acompañarlo una nube negra. En 2018, por ejemplo, renunciaron dos miembros. El primero fue el abogado Rafael Asenjo Zegers, seis meses antes que cumpliera el plazo legal. Días más tarde lo hizo su colega Ximena Insunza, quien dejó una carta donde explicaba sus razones. Todo lo anterior ocurrió durante la administración de Alejandro Ruiz.

Actualmente, el TA funciona con el mínimo de ministros. Es decir, dos titulares y un magistrado de la Corte de Santiago que apoya la labor.

En todo caso, en los próximos días asumirá como ministro titular y presidente, el abogado Cristián Delpiano, quien fue aprobado por el Senado, previa elección del Presidente Sebastián Piñera. Antes de llegar al TA, deberá jurar ante el Pleno de la Corte Suprema. Es decir, llegará en medio de una investigación disciplinaria.

Uno de los problemas que surge para reemplazar a los ministros suplentes -cuando uno de ellos se retira- es que deben ser elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), proceso que suele demorar varios meses.

De hecho, el puesto de ministro suplente -con especialidad en ciencias- está vacante desde el año pasado.

De acuerdo al Portal de la ADP, el reclutamiento para llenar el cargo se inició en junio de 2018. Los candidatos pasaron por una serie de filtros, entre ellos empresas de headhunter y test sicológicos.

La ADP, después de realizar las entrevistas eligió a diez candidatos. Sin embargo, en marzo de este año siete se desistieron. De esta manera el TA debió solicitar a la autoridad seleccionadora la reposición de la nómina.

Fuente: Radio Biobío

Iglesia inicia investigación preliminar contra obispo Bernardino Piñera tras denuncia de supuesto abuso ocurrido hace más de 50 años

“La Nunciatura Apostólica en Chile comunica que la Santa Sede ha dispuesto la realización de una investigación previa, para averiguar si es verosímil la denuncia de un presunto abuso sexual a un menor de edad, que habría sido cometido hace más de 50 años por Mons. Bemardino Piñera Carvallo, Arzobispo emérito de La Serena”.

Así dice un comunicado de prensa emitido este martes por la Nunciatura Apostólica de Chile y difundida por la Conferencia Episcopal. El documento agrega que “se está en contacto con la persona que ha presentado la denuncia y, al mismo tiempo, se está actuando en el respeto del principio de la presunción de inocencia”.

El tema comenzó hace unos días, cuando desde Roma fue enviada a la Nunciatura Apostólica un documento complejo para la Iglesia chilena. El contenido trataba sobre el arzobispo emérito de La Serena, Bernardino Piñera Carvallo, el obispo más longevo del mundo, de 103 años.

Desde esa sede eclesial el documento fue remitido esta semana al obispo Fernando Ramos, secretario general de la Conferencia Episcopal (Cech), quien luego debía comunicarlo al resto de los prelados del país.

En aquel escrito se daba cuenta de la denuncia expuesta en el comunicado de hoy y el inicio de una investigación preliminar.

La Tercera consultó al Vaticano y, poco antes de la difusión del comunicado, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, respondió lo siguiente: “La carta recibida por Mons. Ramos se refería a la autorización de la Congregación para la Doctrina de la Fe para efectuar una investigación previa sobre los hechos vinculados a S.E. Mons. Bernardino Piñera Carvallo, y relativos a más de 50 años atrás, no obstante estén prescritos desde hace tiempo”.

Bruni agregó que “la acusación concierne a un supuesto abuso sexual contra un menor. El objetivo de la investigación es verificar si se trata de acusaciones fundadas antes de dar inicio a un proceso canónico a cargo del arzobispo”.

Bernardino Piñera -quien es tío del Presidente de la República, Sebastián Piñera- fue ordenado sacerdote por el cardenal José María Caro en abril de 1947.

Fue obispo auxiliar de Talca hasta 1960, cuando pasó a ser obispo de la diócesis de Temuco. Durante este periodo, participó en las cuatro sesiones del Concilio Vaticano II.

En 1977 renunció a su cargo de obispo para dedicarse por completo a su nombramiento como secretario general de la Conferencia Episcopal.

Entre 1983 y 1990 se desempeñó como arzobispo de La Serena, y entre 1983 y 1988 fue presidente de la Cech, justamente cuando se produjo la visita del Papa Juan Pablo II, en 1987.

También asumió distintos cargos en el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam).

¡Falso Arriendo!

En colaboración con Carabineros de Chile, nuestro departamento de inteligencia, DIIPPOL, pudo detener a Paola Alejandra Arenillas Palma, una mujer de 46 años que estafaba a la gente, principalmente extranjeros, ofreciéndoles un arriendo de departamento sin el papeleo engorroso que tiene una acción como ésta. 

La inescrupulosa mujer fue detenida por estafar a un ciudadano venezolano que le entregó $500.000 en efectivo. El contacto fue realizado por Facebook, tras la publicación de un anuncio, realizado por un perfil con el nombre de Alejandro Fuentes, quien señaló ser la pareja de la estafadora. En la conversación, se insistía en que debía tener el mes de garantía, asunto que no levantó sospechas, en ningún momento, por parte del afectado. Fue su primo quién se alertó al saber la transacción y ver que había un documento informal de por medio. 

Se realizó el contacto con DIIPPOL y a su vez, con Carabineros. Se entregaron los antecedentes y a través de un nuevo llamado telefónico se logró la detención de esta mujer, una hora después de haber recibido el dinero por parte de la víctima. Arenillas ya no contaba con los $500.000, los uniformados sólo pudieron obtener $70.000, pero se pudo observar que no era primera vez que lo hacía, ya que 16 personas la habían denunciado la misma causa.  

Paola Arenillas pasó a control de detención y pudimos revisar sus antecedentes es posible encontrar ordenes por estafas y otras defraudaciones contra particulares y falsificación o uso de documentos privados. Además de conocer que ha ido por todo nuestro país, estafando a la gente que busca arrendar.  

Si tienen otro dato para aportar a esta causa, como departamento de investigación, escríbenos a contacto@diippol.cl, estamos recabando todos los antecedentes para terminar con su larga lista de estafas que data del año 2010. 

Ciberacoso, pedofilia, violación de privacidad y presuntos secuestros: Nido es indagado desde enero

El fiscal nacional se refirió a las denuncias hechas contra el portal Nido.org, donde hombres compartían imágenes de adolescentes y adultas desnudas o en ropa interior, todo esto sin su consentimiento.

Este miércoles el fiscal nacional Jorge Abbott indicó que el Ministerio Público se encuentra investigando este portal desde enero, en una indagatoria liderada por el fiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien deberá seguir las denuncias que se presenten en todo el país.

En esa línea, Abbott señaló que todos los datos surgidos en las últimas semanas se han ido sumando a los antecedentes que manejaban desde el mes pasado, calificando los hechos denunciados como de una “extraordinaria gravedad”.

Luego que en el último tiempo se hiciera viral la existencia de este portal, los cibernautas de Nido.org comenzaron a organizar supuestos secuestros para violar y/o abusar de algunas de las mujeres cuyas fotos se habían divulgado, lo que generó una alarma pública a nivel nacional.

Los delitos perseguidos por la Brigada del Cibercrimen de la PDI son ciberacoso, pedofilia, presuntos secuestros y violación a la privacidad.

Por su parte, el director de la PDI Héctor Espinosa confirmó que el hombre que la noche del martes se precipitó a las vías del Metro estaba siendo indagado por su vínculo con Nido.org.

“Los peritos nuestros lo identificaron. Hay una arista investigativa donde podría estar involucrado”, dijo Espinosa sin entregar más antecedentes.

También se refirió al tema la intendenta metropolitana Karla Rubilar, quien enfatizó en su gravedad considerando que se trata de un caso de “violencia contra la mujer sin lugar a dudas (…) que además tenía menores de edad”.

Asimismo, reiteró la necesidad de avanzar en mejoras a la legislación tpificando y agregando sanciones contra el ciberacoso.

Las 40 causas de violencia rural sin condenas en Ercilla y Collipulli

“Baja rapidito y súbete atrás, tranquilo. No te va a pasar nada”, fue la orden que recibió A.O.P.A. (60), la mañana del 4 de mayo. El tronco de un árbol atravesado en su camino y las armas de cuatro encapuchados apuntando a su rostro le impidieron escapar del sector El Catorce, en la comuna de Collipulli. Contra su voluntad, el furgón Mercedes Benz modelo Sprinter se puso en marcha, ahora con él como pasajero.

“¿Con quién trabajas?”, preguntó uno de los encapuchados. Tras explicar que era funcionario municipal y que conducía el vehículo para trasladar a estudiantes de zonas rurales hasta sus colegios, la tensión aumentó. “Chucha, nos equivocamos de furgón, esta huevá no es forestal (sic)”, dijo uno de los asaltantes, detalló la víctima en la querella por robo con intimidación y secuestro que presentó en el Juzgado de Garantía de Collipulli.

Nueve kilómetros avanzó el vehículo para finalmente detenerse y A.O.P.A. fue obligado a bajar e internarse en un bosque de pinos: “Quédate aquí entre 15 a 30 minutos para que después te vayas a tu casa. Si te vemos salir antes, el cuento será otro”, le advirtieron antes de abandonarlo.

Por siete meses la fiscalía de Collipulli ha investigado este caso, sin que hasta ahora los responsables hayan enfrentado a la justicia. Esto, pese a que el 23 de octubre la policía detuvo a Paulino Levián Coyán, por mantener en su predio del sector Chiguaihue, en Ercilla, el furgón “en proceso de desarme y oculto, bajo ramas y nailon”, detalló la fiscalía. Si bien Levián fue formalizado por receptación, la jueza de Collipulli, María Fernanda Lagos, declaró ilegal su arresto, “por no existir antecedentes suficientes para imputarle el delito”. Así, la única persona vinculada a esta causa quedó en libertad.

Este tipo de delitos, incluyendo aquellos de carácter terrorista, se enmarcan en los denominados casos de violencia rural que investiga el Ministerio Público, los cuales se concentran, según estadísticas policiales, en las comunas de Collipulli y Ercilla. Fue en esta última localidad donde el comunero mapuche Camilo Catrillanca murió por un disparo de Carabineros, delito por el cual cuatro exuniformados fueron formalizados por obstrucción a la investigación, y dos de ellos, por homicidio simple.

Solo este año el gobierno ha anunciado dos aumentos de dotación de Carabineros en la Región de La Araucanía: en abril se envió a un contingente de 100 uniformados y 38 vehículos extra. Y, tras la salida del Gope desde esa zona, la semana pasada se dio a conocer que 80 efectivos de Fuerzas Especiales llegarán a las provincias de Malleco (La Araucanía) y Arauco (Biobío).

Para conocer qué delitos investiga la Fiscalía en estas zonas y qué resultados consiguieron fiscales y policías -tras fortalecer sus dotaciones-, La Tercera analizó más de 1.200 causas que se tramitan en el Juzgado de Garantía de Collipulli.

De las 40 causas vinculadas a delitos de carácter terrorista y violencia rural, se registran 16 incendios intencionales, 13 quemas de maquinarias, iglesias y escuelas, 5 ataques armados a helicópteros y unidades de Carabineros y 3 robos violentos y secuestros, y 3 casos de receptación y porte de armas.

Ninguno de estos casos tiene condenados a la fecha y, según la fiscalía, solo se registra un detenido por porte ilegal de armas.

Las investigaciones

La quema casi simultánea de dos camiones y un bus de empresas forestales, ocurrida el 24 de mayo en un camino rural a 19 kilómetros de Collipulli, desplegó un amplio operativo policial. Según las pesquisas de Carabineros, cuatro encapuchados participaron del ataque, dejando un panfleto que decía “Celestino Córdova y Patria”, en referencia al machi condenado a 18 años de cárcel por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay.

El caso muestra cómo la fiscalía investiga este tipo de delitos. Las primeras diligencias ordenadas por el Ministerio Público consistieron en tomar declaración a las víctimas, para obtener pistas que conduzcan a los responsables del ataque. Luego, se levantaron registros de cámaras de seguridad y se buscó a potenciales testigos del hecho. Sin embargo, nada dio frutos. Tampoco el levantamiento de huellas o la solicitud judicial que hizo el fiscal Héctor Leiva para que se obligara a compañías de telefonía celular a entregar el detalle del tráfico de llamadas que recepcionaron las antenas del sector a la hora del atentado.

De esta forma, y pese a la gravedad del hecho que llevó al gobierno a querellarse por delito terrorista, la fiscalía decidió no perseverar con esta investigación, tras cinco meses de diligencias. Esta decisión discrecional del Ministerio Público se adopta cuando no hay antecedentes suficientes para fundar una acusación.

La falta de efectividad policial para identificar a los autores de los ataques no es un hecho aislado. Según el análisis, 17 de las 40 investigaciones por incendio, ataques armados y robo con secuestro (un 42% del total) fueron cerradas con esta modalidad.

Sin evidencias y sin testigos, surge otro factor que afecta las indagatorias: la dificultad de ingresar a zonas rurales que están en conflicto. En un escrito, fechado en febrero, el jefe de la Fiscalía de Collipulli, Enrique Vásquez, solicitó una autorización judicial para realizar un “sobrevuelo en la comuna de Ercilla, abarcando caminos privados del sector rural, predios particulares, comunidades indígenas o predios forestales”.

Según el fiscal, ese era el “único medio idóneo y posible para no exponer a personal policial” que indagaba el incendio y robo con intimidación que afectó a trabajadores de la forestal Mininco y que terminó con cuatro camiones quemados el 27 de enero.

Según información del Poder Judicial y de la Fiscalía de Collipulli, entre enero y diciembre de 2018 no se registran personas condenadas como autores de delitos terroristas o de violencia rural. Las cifras del Ministerio Público registran 12 formalizados. Dos por robo con violencia a una conductora, seis por porte de armas -de los cuales en cinco casos la jueza Sandra Nahuelcura declaró ilegal la detención-, y cuatro por receptación.

Por ese delito fue formalizado también Camilo Catrillanca, el 23 de octubre, por conducir una camioneta que había sido robada en abril pasado, en la comuna de Los Ángeles. Él y los otros cuatro ocupantes del vehículo -entre ellos el menor M.P.C., quien acompañaba al comunero el día en que fue baleado por la policía- fueron dejados en libertad por orden de la jueza María Fernanda Lagos. En su resolución, la magistrada estimó que Carabineros hizo “diligencias investigativas autónomas, para lo cual no está facultada la policía y que no pueden ser el fundamento de la privación de libertad de los imputados”.

Tampoco hay detenidos ni formalizados por el robo de vehículos a cuatro profesoras el 14 de noviembre en la escuela Santa Rosa de Ercilla, episodio que dio origen al operativo que terminó con el homicidio del comunero.

Luego de ese día se han registrado al menos ocho hechos de violencia en la zona. Uno de ellos dejó al ocupante de un bus interprovincial con pérdida de visión en su ojo derecho, luego que el vehículo de transporte fuera atacado con piedras en la Ruta 5 Sur. La quema de una escuela, un centro de eventos, además de la destrucción de maquinaria y el ataque a una estación de servicio son parte de los nuevos delitos que hoy la fiscalía se encuentra en proceso de investigación y que, al igual que los otros 40 casos indagados, tienen un incierto futuro para llevar a los responsables ante la justicia.

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Causas de alto impacto

Disparos contra helicóptero

El 18 de enero de 2018, producto de los incendios forestales en la Región de La Araucanía, un helicóptero de la empresa Discovery Air fue contratado para combatir las llamas. Sin embargo, el piloto de la aeronave no esperaba ser atacado con disparos de escopeta cuando estaba en el aire. La situación se repitió el 31 de enero, cuando el helicóptero regresaba a su base. La fiscalía cerró este caso a través de la decisión de no perseverar.

Quema de iglesia

Incendio y atentado contra objetos de culto fueron los delitos que invocó el gobierno en las querellas que presentó por la quema de dos iglesias, hechos ocurridos el 16 y 17 de enero, respectivamente. En el último caso, la policía encontró un lienzo con la leyenda “Ni iglesia ni Estado pararán la lucha”, y un cartucho calibre 12. En el primer caso la fiscalía decidió no perseverar.

Destrucción de vehículos

Al menos doce vehículos de transporte de pasajeros y de carga pesada han sido blanco de ataques incendiarios, entre enero y diciembre de esta año, en las comunas de Ercilla y Collipulli. Según los registros del Poder Judicial, por estos hechos se han presentado, al menos, cuatro querellas. Por ninguno de estos hechos hay detenidos, según el Ministerio Público.

Condenados por casos de 2017

Cifras entregadas por el Ministerio Público detallan que este año se registran cinco condenas por delitos cometidos en 2017 y que se vinculan a hechos de violencia rural. Robo con intimidación, porte ilegal de arma, receptación de vehículo e, incluso, infracción a la Ley de Drogas son parte de las condenas que la fiscalía cataloga como violencia rural.

Gentileza: La Tercera

Política Frente Amplio: los estragos de una visita “imprudente”

Por la prensa se enteraron la mayoría de los miembros del Frente Amplio sobre la reunión que sostuvieron los diputados Gabriel Boric (MA) y Maite Orsini (RD) con Ricardo Palma Salamanca, condenado como el autor material del asesinato del senador Jaime Guzmán.

Fue ese factor el que generó la mayor molestia en el bloque. Si bien sus parlamentarios y líderes aseguraron no estar de acuerdo con que se reunieran con el exfrentista, el hecho de que no lo hayan comunicado aumentó la gravedad en la “interna”. Desde el conglomerado aseguran, por ejemplo, haberse enterado de la cita de Boric por la publicación de Reportajes de La Tercera. Sin embargo, desde la directiva del Movimiento Autonomista reconocen que el legislador les informó de su viaje durante la semana pasada, antes de la publicación.

No ocurrió lo mismo en el caso de Orsini. Pese a que ya había salido a la luz el encuentro del líder autonomista, solo pasadas las 12.00 horas de este lunes la diputada de Revolución Democrática, aclaró a través de un comunicado que ella también había estado presente. Esto, incluso posteriormente a una reunión de bancada -en la que no participó, pero sí estuvo su jefe de gabinete- donde se conversó sobre la situación de Boric.

De hecho, la noche del domingo el diputado Giorgio Jackson, uno de los máximos referentes de RD, estuvo en TVN y no se refirió a la visita de su compañera Orsini pese a que se abordó la polémica reunión.

Orsini en su comunicado señaló que el encuentro “no estaba en conocimiento de mi partido y entiendo las críticas a la pertinencia de esta. Del mismo modo, creo que es también pertinente atender la lectura que hace la Oficina Francesa de Protección de Refugiados (OFPRA) y del mismo modo respetar el actuar de tribunales tanto chilenos como franceses”.

La respuesta de su partido no se hizo esperar. Luego de que la directiva discutiera el asunto, elaboraron un comunicado que señaló: “La decisión de asistir a dicha reunión fue a título personal. No haberle notificado al partido fue una imprudencia”.

En la misma línea, el diputado Pablo Vidal dijo que “fue una imprudencia haber sostenido dicha reunión, yo no lo habría hecho, pero valoro la postura clara de Maite y Gabriel en condenar el asesinato de Guzmán”.

Pero no solo desde los partidos de los parlamentarios implicados hubo críticas. “Hay un error de forma (…) Es un error político no haberlo puesto de manifiesto”, dijo este lunes la presidenta de Poder, Karina Oliva, en La Tercera TV. También fue crítico el exprecandidato Alberto Mayol (MDP).

Otros, en privado, aseguraban que tanto Orsini como Boric están teniendo un doble estándar en materia de probidad y que sus acciones afectarán de manera negativa la opinión que tienen los ciudadanos sobre el Frente Amplio. Esto, esperan sea abordado en el almuerzo de bancada de este martes.

Por lo pronto, para este martes se citó una reunión entre la directiva de RD, la comisión de RR.EE. del partido y la parlamentaria. No obstante, Orsini no podrá asistir por encontrarse sesionando la comisión de Trabajo y pedirá que se reagende.

Fuentes de RD afirman que son varios los que esperan que se dicte una sanción, con el fin de dar una señal política. Sería en la reunión de este martes donde se analizarían los pasos a seguir. Según las mismas fuentes, debería haber, al menos, un llamado al orden.

Cercanos a la diputada, por su parte, aseveran que una eventual acusación ante el Tribunal Supremo de RD no tendría futuro, ya que no se realizó una acción ilegal y los parlamentarios tienen libertad para poder gestionar su agenda personal.

En tanto, Boric enfrentó a la prensa en el Congreso. Ahí explicó que “no nos pareció pertinente comunicarlo (la reunión) porque como era un proceso judicial en curso, no queríamos interferir de ninguna manera”.

Orsini, en cambio, no quiso dar declaraciones y mantuvo silencio en su paso por el Congreso, escapando de la prensa. Fue ella misma quién minutos antes de que su reunión con el exfrentista fuera publicada por la prensa, llamó a sus más cercanos, quienes reconocen que estaba evidentemente afectada.

Tres días luego del viaje oficial

Fue en agosto que el Comité de Solidaridad de la Familia Palma Brzovic hizo una visita al Congreso, donde en una conversación de pasillo habría hecho el contacto con Boric, según explicó el propio parlamentario.

Ese encuentro originalmente no fue informado por ley de lobby, tal como lo indica la ley, lo que podría significar una sanción para el diputado.

Fue así como el 3 de septiembre, en un encuentro de media hora, se reunió el exfrentista con los legisladores del Frente Amplio.

La reunión se enmarcó en el viaje oficial de un gran grupo de parlamentarios a Palestina que terminó el día 31 de agosto, aunque el permiso otorgado por la Cámara a los legisladores se extendía desde el 24 de agosto hasta el 3 de septiembre. Tanto Boric como Orsini estuvieron presentes en la sala el 4 de ese mes.

Los gastos entre el 24 y el 31 de agosto fueron costeados por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), tal como lo señala el documento de la Cámara, y fueron ellos quienes les preguntaron a los diputados qué día querían el pasaje de regreso, el que tenía una escala en París. Una vez terminada la visita oficial, ambos aseguran haber costeado la estadía hasta la vuelta a Chile.

Gentileza: La Tercera

Todos los obstáculos y presiones que impiden a las mujeres acceder al aborto por tres causales

Hasta el 16 de julio de este año, 359 mujeres habían interrumpido sus embarazos acogiéndose a alguna de las tres causales que contempla la Ley 21.030 (riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación). Una de ellas terminó expulsando el feto en la sala de maternidad, sin asistencia médica, después de recibir diagnósticos contradictorios. Otra debió ser trasladada a más de 100 kilómetros para terminar con un embarazo por violación, porque en el hospital al que llegó todos los médicos eran objetores de conciencia en esa causal. Lo que es imposible de cuantificar es el total de mujeres que no pudieron acceder al aborto en las tres causales por falta de información y adecuada atención.

La polémica Ley 21.030 que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales cumplirá un año de vigencia el 23 de septiembre. Para calibrar el acceso que hoy tienen las mujeres a los abortos que contempla la ley, CIPER buscó información en hospitales de todo el país, recogió testimonios de personal médico y de organizaciones sociales que trabajan en el área, y también se entrevistó con autoridades del Ministerio de Salud. De esa indagación, emerge una cadena de obstáculos para la plena aplicación de la ley.

Los orígenes de esas trabas son distintos. En algunos casos, los obstáculos emanan de las jefaturas de servicios de los establecimientos hospitalarios, que están en manos de objetores de conciencia. En otras, de las ambigüedades y vacíos que deja abiertos la propia ley, ya que el reglamento para la objeción de conciencia sigue en trámite en la Contraloría.

La alta tasa de objetores de conciencia en el sistema público también revela que el panorama más complejo se presenta fuera de la Región Metropolitana.

De los 69 establecimientos públicos habilitados para interrumpir un embarazo, hay 41 donde la mitad o más de la mitad de los médicos se ha declarado objetor en alguna de las tres causales. Datos obtenidos vía Ley de Transparencia por CIPER y por la Corporación Humanas, indican que, de esos 41, al menos cuatro hospitales deben obligatoriamente derivar a las pacientes que soliciten un aborto por violación (tercera causal), porque todos sus médicos son objetores: los hospitales de San Fernando, Pitrufquén, Nueva Imperial y de Osorno. En conjunto, todos ellos atienden a más de 500.000 personas.

Esa obligatoriedad de derivar también ocurre en el Hospital de Peñaflor, donde todos los médicos (7) se han declarado objetores de la primera y la segunda causal (riesgo de vida de la madre e inviabilidad fetal, respectivamente).

En entrevista con CIPER, autoridades del Ministerio de Salud (Minsal) precisaron que la instrucción es que los hospitales ordenen los turnos para que en cada uno haya al menos un médico que no sea objetor de las tres causales. Un escenario utópico debido a la alta tasa de personal médico objetor de conciencia y a la baja cantidad de especialistas en distintas zonas del país.

-Lo que se ha pedido en los hospitales más pequeños es que se garantice un equipo que al menos de lunes a viernes esté estable. En casos de urgencia, se puede llamar a un médico durante el fin de semana o derivar al hospital más cercano –explicó a CIPER la matrona Daniela Vargas, encargada en el Minsal de la implementación de la ley en el sector público.

Las dificultades que tienen las menores de 15 años cuyos embarazos son fruto de una violación o representan un riesgo para su vida o para el feto que albergan en su vientre, hay que dimensionarlas junto a otras cifras oficiales. Entre 2005 y 2015 más de 10.000 menores de 15 años fueron madres en nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) recogidos por La Tercera.

Como se sabe, la mayoría de las violaciones no son denunciadas, por lo que existe una alta probabilidad de que en las regiones donde se registran más embarazos adolescentes, un porcentaje importante de ellos sea fruto de una agresión sexual. CIPER accedió a las cifras de 2016: casi el 20% de las 732 menores de 15 años que quedaron embarazadas ese año, está repartido precisamente en las tres regiones que registran el mayor número de médicos objetores de conciencia en abortos por violación: La Araucanía, Maule y O’Higgins.

Fuente: Ciper Chile