La violación de los derechos humanos de los niños que están al cuidado del Servicio Nacional de Menores (Sename) es sistemática y grave. Así lo confirmó el informe del comité de la ONU que en enero pasado visitó cuatro hogares de la red del Sename y entrevistó a múltiples actores del sistema, en respuesta a una solicitud que surgió tras la muerte de la pequeña Lissette Villa, ocurrida en 2016. El texto fue entregado en junio al gobierno y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, lo dio a conocer este lunes 30 de julio.
El comité constató graves deficiencias en infraestructura, supervisión y recursos humanos, estableciendo que el Estado es responsable de las violaciones de derechos que sufren los niños, niñas y adolescentes (NNA), quienes están expuestos a violencia y enfrentan graves problemas de acceso a educación y atención de salud oportuna. Las críticas apuntan al Sename y a sus organismos colaboradores, pero el Poder Judicial también figura entre los actores más cuestionados.
En particular, el informe criticó a los jueces porque privilegian la adopción de medidas que separan al niño de su familia, aunque esta opción debiese ser la última, tras explorar todas las posibilidades de mantener a los NNA en su núcleo familiar. La separación, por lo demás, debe ser “excepcional y transitoria”, mientras se evalúan los cambios en las condiciones de la familia para concretar la pronta reintegración. Pero el informe constata que “la mayor parte de los jueces carecen de formación específica para evaluar dichos avances (de programas de reintegración) y se limitan en gran medida a supervisar la situación del centro”.
El Estado chileno, señala el informe del comité de expertos, permite que los menores “ingresen al sistema residencial por razón de carencias económicas, sin que los Tribunales de Familia activen la ayuda material que requiera la familia para otorgarles el cuidado adecuado”.
El sistema judicial también falla porque “la frecuente ausencia de motivación suficiente de las sentencias impide conocer los elementos considerados (para decretar la internación del menor)”. Esto no permite hacer una ponderación adecuada de los factores que llevaron al juez a determinar la separación de la familia.
Otros cuestionamientos indican que los jueces permiten que se prologue “sin control” el tiempo que el menor estará internado y que se separen hermanos “por razones administrativas”, sin consideración del interés superior de los niños.
El documento de la ONU deja establecido que el Poder Judicial es responsable “de la supervisión de la situación del NNA y su avance en el programa de integración”. Pero esto no se cumple por dos razones: la primera es que “la mayor parte de los jueces carecen de formación específica para evaluar dichos avances” y la segunda apunta a que “las decisiones judiciales no determinan en muchos casos qué derechos han sido vulnerados, lo que no permite identificar para qué se interna y de qué debe recuperarse el NNA”. Esto último, genera la ausencia casi total de “planes de intervención y falta de seguimiento”. De hecho, el informe acusa que el plazo para la internación “frecuentemente expira sin el conocimiento del tribunal que conoce la causa, encontrándose el NNA institucionalizado sin medida vigente”.
Los expertos de la ONU constataron que el Poder Judicial ha enviado a más de 400 menores a “organismos coadyuvantes”, debido a la falta de plazas en los hogares que dependen o están bajo regulación del Sename. El problema es que las condiciones en que operan estos centros, como no reciben subvención pública, no son supervisadas por el Servicio Nacional de Menores.
El informe acusa que tanto el Poder Judicial como el Sename no ejercen sus tareas de supervisión con “rigurosidad suficiente”, lo que implica el incumplimiento “de estándares mínimos en materia de infraestructura, seguridad, vigilancia”, además de “carencias materiales relativas a higiene y bienestar”.
Finalmente, el documento estable que los jueces de Familia, “por regla general”, deciden internar al menor “con escasa o sin participación del NNA y de la familia (…), lo que no permite evaluar sus condiciones particulares y las medidas necesarias para ayudar a la familia”. El informe reporta que solo el 32,1% de los menores dice que tiene oportunidad de hablar con el magistrado y el 30,8% con un abogado que lo represente. A su vez, el 20,4% de los hogares consignó que en su última visita el juez no habló con los niños.
