Hasta el 16 de julio de este año, 359 mujeres habían interrumpido sus embarazos acogiéndose a alguna de las tres causales que contempla la Ley 21.030 (riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación). Una de ellas terminó expulsando el feto en la sala de maternidad, sin asistencia médica, después de recibir diagnósticos contradictorios. Otra debió ser trasladada a más de 100 kilómetros para terminar con un embarazo por violación, porque en el hospital al que llegó todos los médicos eran objetores de conciencia en esa causal. Lo que es imposible de cuantificar es el total de mujeres que no pudieron acceder al aborto en las tres causales por falta de información y adecuada atención.
La polémica Ley 21.030 que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales cumplirá un año de vigencia el 23 de septiembre. Para calibrar el acceso que hoy tienen las mujeres a los abortos que contempla la ley, CIPER buscó información en hospitales de todo el país, recogió testimonios de personal médico y de organizaciones sociales que trabajan en el área, y también se entrevistó con autoridades del Ministerio de Salud. De esa indagación, emerge una cadena de obstáculos para la plena aplicación de la ley.
Los orígenes de esas trabas son distintos. En algunos casos, los obstáculos emanan de las jefaturas de servicios de los establecimientos hospitalarios, que están en manos de objetores de conciencia. En otras, de las ambigüedades y vacíos que deja abiertos la propia ley, ya que el reglamento para la objeción de conciencia sigue en trámite en la Contraloría.
La alta tasa de objetores de conciencia en el sistema público también revela que el panorama más complejo se presenta fuera de la Región Metropolitana.
De los 69 establecimientos públicos habilitados para interrumpir un embarazo, hay 41 donde la mitad o más de la mitad de los médicos se ha declarado objetor en alguna de las tres causales. Datos obtenidos vía Ley de Transparencia por CIPER y por la Corporación Humanas, indican que, de esos 41, al menos cuatro hospitales deben obligatoriamente derivar a las pacientes que soliciten un aborto por violación (tercera causal), porque todos sus médicos son objetores: los hospitales de San Fernando, Pitrufquén, Nueva Imperial y de Osorno. En conjunto, todos ellos atienden a más de 500.000 personas.
Esa obligatoriedad de derivar también ocurre en el Hospital de Peñaflor, donde todos los médicos (7) se han declarado objetores de la primera y la segunda causal (riesgo de vida de la madre e inviabilidad fetal, respectivamente).
En entrevista con CIPER, autoridades del Ministerio de Salud (Minsal) precisaron que la instrucción es que los hospitales ordenen los turnos para que en cada uno haya al menos un médico que no sea objetor de las tres causales. Un escenario utópico debido a la alta tasa de personal médico objetor de conciencia y a la baja cantidad de especialistas en distintas zonas del país.
-Lo que se ha pedido en los hospitales más pequeños es que se garantice un equipo que al menos de lunes a viernes esté estable. En casos de urgencia, se puede llamar a un médico durante el fin de semana o derivar al hospital más cercano –explicó a CIPER la matrona Daniela Vargas, encargada en el Minsal de la implementación de la ley en el sector público.
Las dificultades que tienen las menores de 15 años cuyos embarazos son fruto de una violación o representan un riesgo para su vida o para el feto que albergan en su vientre, hay que dimensionarlas junto a otras cifras oficiales. Entre 2005 y 2015 más de 10.000 menores de 15 años fueron madres en nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) recogidos por La Tercera.
Como se sabe, la mayoría de las violaciones no son denunciadas, por lo que existe una alta probabilidad de que en las regiones donde se registran más embarazos adolescentes, un porcentaje importante de ellos sea fruto de una agresión sexual. CIPER accedió a las cifras de 2016: casi el 20% de las 732 menores de 15 años que quedaron embarazadas ese año, está repartido precisamente en las tres regiones que registran el mayor número de médicos objetores de conciencia en abortos por violación: La Araucanía, Maule y O’Higgins.
