lunes, 30 de septiembre de 2019

Hermana de Felipe Salaberry cobraba coimas a emprendedoras de Ñuñoa para acceder a ferias gratuitas



Iris Salaberry, actual funcionaria de la Municipalidad de Ñuñoa y hermana del subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry (UDI), está sumariada.
La indagatoria por actos de corrupción administrativa se originó a raíz de la denuncia presentada por dos emprendedoras, que la acusaron de cobrarles dinero “por fuera” para obtener un cupo en ferias comunales donde podían exhibir sus productos, pero que pese al pago nunca lograron hacerlo. Hubo otras situaciones donde incluso Iris Salaberry pidió dinero para reservar espacios en eventos gratuitos y auspiciados con fondos edilicios.
La información consta en el decreto Nº 7 fechado el 6 de enero de 2017, donde la entonces alcaldesa subrogante, Sandra Fuentes, designó como fiscal interno al abogado Gonzalo Zúñiga Hortuvia, al que accedió la Unidad de Investigación de radio Bío Bío.
Semanas antes de la firma de este documento, Iris Salaberry renunció al puesto como Jefa de Fomento en la sede comunal, cargo de planta que ocupó durante 17 años.
En 2018 el expediente sustanciado por Zúñiga Hortuvia fue analizado en dos oportunidades por el Departamento de Asesoría Jurídica de Ñuñoa que formuló “observaciones” a la vista fiscal, las que fueron avaladas por el alcalde Andrés Zarhi.
En enero de 2019, y estando abierta la indagatoria por faltas a la probidad, el propio Zarhi la recontrató por un sueldo de 1 millón 300 mil pesos mensuales. El decreto establece que la diseñadora de vestuario Iris Salaberry deberá “estudiar y diagnosticar los puntos o lugares que posibilitan la instalación de parquímetros en diversos sectores de la comuna”. En la resolución que valida el acto administrativo aparece firmando -además- el fiscal que la investiga por cobros ilegales a personas que buscaban salir de la exclusión económica.
Lo particular es que en febrero del corriente, el mismo edil le aumentó el sueldo a 1 millón 450 mil pesos, sin que exista justificación para ello.
La mujer salió de su anonimato la semana pasada, luego que la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío reveló el intento de evitar que su hermano, Felipe Salaberry, fuera multado -el 25 de agosto de 2019- por pasarse tres luces rojas, insultar al fiscalizador municipal y huir, de acuerdo al informe preparado por el Departamento de Seguridad Ciudadana de Ñuñoa.
Al día siguiente del hecho, el alcalde Zarhi se reunió con el inquilino de La Moneda en su oficina gubernamental. A través de Twitter dijo que Felipe Salaberry se comprometió a entregarle más dinero para implementar luminarias “Led” en la comuna. El hecho es llamativo, porque ambos coincidirían al día siguiente -miércoles 27- en una ceremonia comunal para inaugurar luces “Led”.
Coincidencia o no, lo cierto es que el 29 de agosto Zarhi devolvió por tercera vez el sumario que se sustancia en contra de Iris Salaberry, para que el fiscal del caso Gonzalo Zúñiga Hortuvia, el mismo que visó su recontratación, subsane otras “observaciones” en el expediente.
La ayuda de Iris Salaberry a su hermano derivó en una investigación de la Fiscalía Oriente por el delito de tráfico de influencias el viernes de la semana pasada.
Hoy lunes declarará a las 9 de la mañana, en el denominado caso “Salaberrygate” concejala de Ñuñoa, Patricia Hidalgo (PPD), quien se ha convertido en la “bestia negra” de la administración Zarhi y del propio subsecretario de Desarrollo Regional y su hermana Iris.
Pasado el mediodía del martes 15 de noviembre de 2016, Iris Salaberry Soto presentó su renuncia a la Jefatura de Fomento en la Municipalidad de Ñuñoa, después de 17 años como funcionaria de planta.
No es que Salaberry buscara mejores horizontes laborales, sino que una denuncia por corrupción, presentada por dos emprendedoras, le pisaba los talones. Las mujeres le habían pagado en efectivo con el objeto de obtener un cupo en una feria para exhibir sus productos, pero acuerdo fuera de toda norma, nunca se cumplió.
Los hechos expuestos se formalizaron el 27 de diciembre a través de un email enviado por la Dirección de Desarrollo Comunal (Dideco) a la entonces alcaldesa subrogante, Sandra Fuentes, quien tres días más tarde firmó el decreto Nº 7, ordenando un sumario administrativo en contra de Salaberry.
Iris Salaberry, diseñadora de vestuario, es la hermana del subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry quien la semana pasada sumió al gobierno en un escándalo, luego que la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío revelara un informe del Departamento de Seguridad comunal, donde consta que el 25 de agosto pasado no respetó tres luces rojas, insultó a un guardia municipal que intentó fiscalizarlo y huyó.
La actual funcionaria de la sede edilicia, llamó a la central de seguridad y trató de evitar que el hecho quedara estampado en una bitácora, como también la emisión del parte. Su voz quedó grabada y será una de las pruebas claves en la investigación que abrió la Fiscalía Oriente.
Este hecho tiene hoy complicada a La Moneda ya que Felipe Salaberry ha “rejurado” que el incidente nunca existió, menos la violación a la Ley del Tránsito. Sin embargo, de la actuación de su hermana, hasta ahora, ha declinado pronunciarse.
El sumario que ordenó la alcaldesa subrogante, Sandra Fuentes, se inició el 6 de enero de 2017 y se designó como fiscal a Gonzalo Zúñiga Hortuvia, atendido, señala el decreto Nº 7, a que podría “existir responsabilidad de la actual Jefa de fomento y una persona que prestó servicios para la unidad”.
Aceptada la renuncia de Iris Salaberry el 11 de enero de 2017, la indagatoria administrativa siguió su curso, bajo la administración del alcalde Andrés Zarhi.
El fiscal Gonzalo Zúñiga Hortuvia tramitó el sumario y el 12 de abril de 2018 dictó la vista fiscal en el expediente. Sin embargo, Iris Salaberry ya no era empleada municipal.
Zúñiga Hortuvia hizo las modificaciones y redactó nuevamente la vista fiscal, el 19 de julio pasado. Nuevamente, Asesoría Jurídica hizo reparos. El documento siguió el mismo camino: llegó a Zarhi y el 20 de agosto, lo devolvió al sustanciador.
El 5 de septiembre del presente la Dirección de Asesoría Jurídica le envió al alcalde la orden 357, mediante la cual -una vez más- se formularon “observaciones” en la causa administrativa. El 12 de igual mes Zarhi se lo devolvió al fiscal acogiendo los cambios propuestos. Pese a lo anterior, un nuevo cambio estaba por venir.
La partida de Iris Salaberry se prolongó por casi dos años. Y pese al sumario abierto, Zarhi la recontrató el 10 de enero de 2019, tal como consta en el decreto 23, al que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
La labor encomendada hasta el 31 de diciembre del corriente es “estudiar y diagnosticar los puntos o lugares que posibilitan la instalación de parquímetros en diversos sectores de la comuna (…) debiendo presentar un informe mensual del contenido asignado. Por su trabajo, recibe un millón 300 mil pesos mensuales.
Sin embargo, todo indica que Zarhi cambió de opinión y consideró que el salario era muy bajo y el 28 de febrero de esta anualidad instruyó expresamente que Iris Salaberry debía ganar más, se lee en el decreto 127. Desde ese momento la técnico en vestuario comenzó a percibir 1 millón 430 mil pesos.
Lo llamativo es que una de las firmas estampadas en el documento, como secretario municipal (s), pertenece a Gonzalo Zúñiga Hortuvia, precisamente el fiscal del sumario.
Pero no terminó allí, porque el 29 de agosto pasado Zarhi devolvió por tercera vez la causa administrativa que se sustancia en contra de Iris Salaberry, para que el fiscal del caso Gonzalo Zúñiga Hortuvia, el mismo que visó su recontratación, subsane otras “observaciones” en el expediente.
Para La Moneda el caso es un tizón en las manos. Felipe Salaberry ha insistido en que nunca se pasó una luz roja, que jamás insultó al fiscalizador, pero ha declinado pronunciarse sobre la actuación de su hermana Iris para salvarlo del altercado.
En paralelo al problema político, la semana pasada la Municipalidad de Ñuñoa reconoció que se cursó el parte al auto de manejaba Salaberry y como balde de agua fría, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, inició una investigación por el delito de tráfico de influencias.
Pese a todo, Salaberry sigue en su puesto y Zarhi se ha negado a responder si iniciará un investigación administrativa en contra de la hermana del subsecretario por usar su cargo de forma indebida. De ser así, sumaría dos.
En tanto, para las 9.00 am está citada a las dependencias del Ministerio Público, la concejala de Ñuñoa, Patricia Hidalgo, quien hasta ahora se ha convertido en la principal detractora de la administración comunal.
Fuente Bio bío Investigaciones


jueves, 5 de septiembre de 2019

Suprema interviene Tribunal Ambiental por faltas a la probidad y hostigamiento

El lunes 2 de septiembre la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, inició una investigación para determinar graves irregularidades en el Tribunal Ambiental de Santiago (TA), a raíz de una serie de acusaciones cruzadas de malos tratos, faltas a la probidad y conflictos de intereses entre el presidente de la instancia Alejandro Ruiz y su colega Felipe Sabando.

La decisión de Cabello se basó en un acuerdo adoptado por el Pleno del máximo tribunal el 29 de julio pasado, luego que recibiera los antecedentes del ministro visitador del TA, Arturo Prado Puga.

De acuerdo a la información recabada por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, los hechos que dieron vida a esta indagatoria son consecuencia directa de un enfrentamiento declarado entre ambos magistrados, lo que se refleja -por ejemplo- en el acta Nº 6 del 29 de julio de 2019.

En ella Ruiz le enrostra a Sabando su falta de probidad y el mal uso de los recursos públicos, acusándolo de constantes inasistencias, el uso indiscriminado del estacionamiento institucional y pago de taxis sin justificación. Sabando, respondió de inmediato en la misma sesión.

“El ministro Sabando señala que todo lo anterior es prueba del acoso, hostigamiento y persecución de que está siendo objeto por parte del ministro Ruiz, por lo que ha hecho la correspondiente denuncia a la Corte Suprema y a la Asociación Chilena de Seguridad, dado que esta situación le estaría afectando su salud”, se estipuló.

En el mismo documento, puede leerse la versión contraria: “El ministro Ruiz solicita dejar registrado en acta que durante la sesión el ministro Sabando lo ha acusado de forma reiterada de ser hostigador y acosador, además de funcionarios del tribunal”.

Durante el desarrollo de la sesión, también estaba como ministro suplente, el magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera, quien presenció la discusión.

Distintos miembros del tribunal de alzada indicaron que la pelea en el TA recorrió los pasillos del palacio de tribunales. Algunos la comentaron como un hecho jocoso, pero no menos preocupante, atendido que la virtud cardinal de la “prudencia” es lo que debe guiar el comportamiento todo juez.

A tanto llegaron las diferencias entre ambos miembros del TA que Ruiz -de acuerdo a fuentes judiciales- presentó un largo escrito en la Suprema hace algunas semanas. En el documento plasmó en duros términos la conducta de su colega y habría solicitado que Sabando fuera removido de su cargo, ya que -a su juicio- dificulta el funcionamiento y las relaciones al interior del organismo. Ruiz fue consultado por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío sobre el particular, pero no quiso confirmar ni desmentir la información.

Como sea, al interior del TA se presentan constantes licencias y el rumoreo se ha convertido en una constante. “Así no dan muchas ganas de trabajar”, indicó un funcionario de la entidad.

Los alcances

En la Suprema explicaron a este medio que la revisión administrativa que inició Cabello, estará centrada en cómo la guerra desatada entre Ruiz y Sabando puede influir en el desempeño del tribunal encargado de resolver los litigios ambientales. De hecho, en el Pleno del máximo tribunal hubo algunos ministros que estimaron la posibilidad de usar el artículo 80 inciso 3 de la Constitución Política para removerlos de oficio, lo que finalmente no prosperó. Esta idea surgió de los ministros Lamberto Cisternas y Carlos Aránguiz.

La Fiscal Judicial ya inició la recopilación de antecedentes y decretó una serie de diligencias, entre ellas que funcionarios del TA presten declaraciones, como también los magistrados con miras a comprobar las denuncias.

Una vez que termine el procedimiento, Cabello deberá entregar las conclusiones y eventualmente propuestas de sanción -si así lo amerita- las que deberán ser resueltas por el Pleno de la Suprema.
Esta no es la primera vez que el alto tribunal interviene al TA. En 2017 envió al ministro Jorge Dahm a investigar conflictos similares durante tres meses.

Todo mal

Al Tribunal Ambiental de Santiago, pareciera acompañarlo una nube negra. En 2018, por ejemplo, renunciaron dos miembros. El primero fue el abogado Rafael Asenjo Zegers, seis meses antes que cumpliera el plazo legal. Días más tarde lo hizo su colega Ximena Insunza, quien dejó una carta donde explicaba sus razones. Todo lo anterior ocurrió durante la administración de Alejandro Ruiz.

Actualmente, el TA funciona con el mínimo de ministros. Es decir, dos titulares y un magistrado de la Corte de Santiago que apoya la labor.

En todo caso, en los próximos días asumirá como ministro titular y presidente, el abogado Cristián Delpiano, quien fue aprobado por el Senado, previa elección del Presidente Sebastián Piñera. Antes de llegar al TA, deberá jurar ante el Pleno de la Corte Suprema. Es decir, llegará en medio de una investigación disciplinaria.

Uno de los problemas que surge para reemplazar a los ministros suplentes -cuando uno de ellos se retira- es que deben ser elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública (ADP), proceso que suele demorar varios meses.

De hecho, el puesto de ministro suplente -con especialidad en ciencias- está vacante desde el año pasado.

De acuerdo al Portal de la ADP, el reclutamiento para llenar el cargo se inició en junio de 2018. Los candidatos pasaron por una serie de filtros, entre ellos empresas de headhunter y test sicológicos.

La ADP, después de realizar las entrevistas eligió a diez candidatos. Sin embargo, en marzo de este año siete se desistieron. De esta manera el TA debió solicitar a la autoridad seleccionadora la reposición de la nómina.

Fuente: Radio Biobío