Las 40 causas de violencia rural sin condenas en Ercilla y Collipulli

“Baja rapidito y súbete atrás, tranquilo. No te va a pasar nada”, fue la orden que recibió A.O.P.A. (60), la mañana del 4 de mayo. El tronco de un árbol atravesado en su camino y las armas de cuatro encapuchados apuntando a su rostro le impidieron escapar del sector El Catorce, en la comuna de Collipulli. Contra su voluntad, el furgón Mercedes Benz modelo Sprinter se puso en marcha, ahora con él como pasajero.

“¿Con quién trabajas?”, preguntó uno de los encapuchados. Tras explicar que era funcionario municipal y que conducía el vehículo para trasladar a estudiantes de zonas rurales hasta sus colegios, la tensión aumentó. “Chucha, nos equivocamos de furgón, esta huevá no es forestal (sic)”, dijo uno de los asaltantes, detalló la víctima en la querella por robo con intimidación y secuestro que presentó en el Juzgado de Garantía de Collipulli.

Nueve kilómetros avanzó el vehículo para finalmente detenerse y A.O.P.A. fue obligado a bajar e internarse en un bosque de pinos: “Quédate aquí entre 15 a 30 minutos para que después te vayas a tu casa. Si te vemos salir antes, el cuento será otro”, le advirtieron antes de abandonarlo.

Por siete meses la fiscalía de Collipulli ha investigado este caso, sin que hasta ahora los responsables hayan enfrentado a la justicia. Esto, pese a que el 23 de octubre la policía detuvo a Paulino Levián Coyán, por mantener en su predio del sector Chiguaihue, en Ercilla, el furgón “en proceso de desarme y oculto, bajo ramas y nailon”, detalló la fiscalía. Si bien Levián fue formalizado por receptación, la jueza de Collipulli, María Fernanda Lagos, declaró ilegal su arresto, “por no existir antecedentes suficientes para imputarle el delito”. Así, la única persona vinculada a esta causa quedó en libertad.

Este tipo de delitos, incluyendo aquellos de carácter terrorista, se enmarcan en los denominados casos de violencia rural que investiga el Ministerio Público, los cuales se concentran, según estadísticas policiales, en las comunas de Collipulli y Ercilla. Fue en esta última localidad donde el comunero mapuche Camilo Catrillanca murió por un disparo de Carabineros, delito por el cual cuatro exuniformados fueron formalizados por obstrucción a la investigación, y dos de ellos, por homicidio simple.

Solo este año el gobierno ha anunciado dos aumentos de dotación de Carabineros en la Región de La Araucanía: en abril se envió a un contingente de 100 uniformados y 38 vehículos extra. Y, tras la salida del Gope desde esa zona, la semana pasada se dio a conocer que 80 efectivos de Fuerzas Especiales llegarán a las provincias de Malleco (La Araucanía) y Arauco (Biobío).

Para conocer qué delitos investiga la Fiscalía en estas zonas y qué resultados consiguieron fiscales y policías -tras fortalecer sus dotaciones-, La Tercera analizó más de 1.200 causas que se tramitan en el Juzgado de Garantía de Collipulli.

De las 40 causas vinculadas a delitos de carácter terrorista y violencia rural, se registran 16 incendios intencionales, 13 quemas de maquinarias, iglesias y escuelas, 5 ataques armados a helicópteros y unidades de Carabineros y 3 robos violentos y secuestros, y 3 casos de receptación y porte de armas.

Ninguno de estos casos tiene condenados a la fecha y, según la fiscalía, solo se registra un detenido por porte ilegal de armas.

Las investigaciones

La quema casi simultánea de dos camiones y un bus de empresas forestales, ocurrida el 24 de mayo en un camino rural a 19 kilómetros de Collipulli, desplegó un amplio operativo policial. Según las pesquisas de Carabineros, cuatro encapuchados participaron del ataque, dejando un panfleto que decía “Celestino Córdova y Patria”, en referencia al machi condenado a 18 años de cárcel por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay.

El caso muestra cómo la fiscalía investiga este tipo de delitos. Las primeras diligencias ordenadas por el Ministerio Público consistieron en tomar declaración a las víctimas, para obtener pistas que conduzcan a los responsables del ataque. Luego, se levantaron registros de cámaras de seguridad y se buscó a potenciales testigos del hecho. Sin embargo, nada dio frutos. Tampoco el levantamiento de huellas o la solicitud judicial que hizo el fiscal Héctor Leiva para que se obligara a compañías de telefonía celular a entregar el detalle del tráfico de llamadas que recepcionaron las antenas del sector a la hora del atentado.

De esta forma, y pese a la gravedad del hecho que llevó al gobierno a querellarse por delito terrorista, la fiscalía decidió no perseverar con esta investigación, tras cinco meses de diligencias. Esta decisión discrecional del Ministerio Público se adopta cuando no hay antecedentes suficientes para fundar una acusación.

La falta de efectividad policial para identificar a los autores de los ataques no es un hecho aislado. Según el análisis, 17 de las 40 investigaciones por incendio, ataques armados y robo con secuestro (un 42% del total) fueron cerradas con esta modalidad.

Sin evidencias y sin testigos, surge otro factor que afecta las indagatorias: la dificultad de ingresar a zonas rurales que están en conflicto. En un escrito, fechado en febrero, el jefe de la Fiscalía de Collipulli, Enrique Vásquez, solicitó una autorización judicial para realizar un “sobrevuelo en la comuna de Ercilla, abarcando caminos privados del sector rural, predios particulares, comunidades indígenas o predios forestales”.

Según el fiscal, ese era el “único medio idóneo y posible para no exponer a personal policial” que indagaba el incendio y robo con intimidación que afectó a trabajadores de la forestal Mininco y que terminó con cuatro camiones quemados el 27 de enero.

Según información del Poder Judicial y de la Fiscalía de Collipulli, entre enero y diciembre de 2018 no se registran personas condenadas como autores de delitos terroristas o de violencia rural. Las cifras del Ministerio Público registran 12 formalizados. Dos por robo con violencia a una conductora, seis por porte de armas -de los cuales en cinco casos la jueza Sandra Nahuelcura declaró ilegal la detención-, y cuatro por receptación.

Por ese delito fue formalizado también Camilo Catrillanca, el 23 de octubre, por conducir una camioneta que había sido robada en abril pasado, en la comuna de Los Ángeles. Él y los otros cuatro ocupantes del vehículo -entre ellos el menor M.P.C., quien acompañaba al comunero el día en que fue baleado por la policía- fueron dejados en libertad por orden de la jueza María Fernanda Lagos. En su resolución, la magistrada estimó que Carabineros hizo “diligencias investigativas autónomas, para lo cual no está facultada la policía y que no pueden ser el fundamento de la privación de libertad de los imputados”.

Tampoco hay detenidos ni formalizados por el robo de vehículos a cuatro profesoras el 14 de noviembre en la escuela Santa Rosa de Ercilla, episodio que dio origen al operativo que terminó con el homicidio del comunero.

Luego de ese día se han registrado al menos ocho hechos de violencia en la zona. Uno de ellos dejó al ocupante de un bus interprovincial con pérdida de visión en su ojo derecho, luego que el vehículo de transporte fuera atacado con piedras en la Ruta 5 Sur. La quema de una escuela, un centro de eventos, además de la destrucción de maquinaria y el ataque a una estación de servicio son parte de los nuevos delitos que hoy la fiscalía se encuentra en proceso de investigación y que, al igual que los otros 40 casos indagados, tienen un incierto futuro para llevar a los responsables ante la justicia.

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Causas de alto impacto

Disparos contra helicóptero

El 18 de enero de 2018, producto de los incendios forestales en la Región de La Araucanía, un helicóptero de la empresa Discovery Air fue contratado para combatir las llamas. Sin embargo, el piloto de la aeronave no esperaba ser atacado con disparos de escopeta cuando estaba en el aire. La situación se repitió el 31 de enero, cuando el helicóptero regresaba a su base. La fiscalía cerró este caso a través de la decisión de no perseverar.

Quema de iglesia

Incendio y atentado contra objetos de culto fueron los delitos que invocó el gobierno en las querellas que presentó por la quema de dos iglesias, hechos ocurridos el 16 y 17 de enero, respectivamente. En el último caso, la policía encontró un lienzo con la leyenda “Ni iglesia ni Estado pararán la lucha”, y un cartucho calibre 12. En el primer caso la fiscalía decidió no perseverar.

Destrucción de vehículos

Al menos doce vehículos de transporte de pasajeros y de carga pesada han sido blanco de ataques incendiarios, entre enero y diciembre de esta año, en las comunas de Ercilla y Collipulli. Según los registros del Poder Judicial, por estos hechos se han presentado, al menos, cuatro querellas. Por ninguno de estos hechos hay detenidos, según el Ministerio Público.

Condenados por casos de 2017

Cifras entregadas por el Ministerio Público detallan que este año se registran cinco condenas por delitos cometidos en 2017 y que se vinculan a hechos de violencia rural. Robo con intimidación, porte ilegal de arma, receptación de vehículo e, incluso, infracción a la Ley de Drogas son parte de las condenas que la fiscalía cataloga como violencia rural.

Gentileza: La Tercera

Política Frente Amplio: los estragos de una visita “imprudente”

Por la prensa se enteraron la mayoría de los miembros del Frente Amplio sobre la reunión que sostuvieron los diputados Gabriel Boric (MA) y Maite Orsini (RD) con Ricardo Palma Salamanca, condenado como el autor material del asesinato del senador Jaime Guzmán.

Fue ese factor el que generó la mayor molestia en el bloque. Si bien sus parlamentarios y líderes aseguraron no estar de acuerdo con que se reunieran con el exfrentista, el hecho de que no lo hayan comunicado aumentó la gravedad en la “interna”. Desde el conglomerado aseguran, por ejemplo, haberse enterado de la cita de Boric por la publicación de Reportajes de La Tercera. Sin embargo, desde la directiva del Movimiento Autonomista reconocen que el legislador les informó de su viaje durante la semana pasada, antes de la publicación.

No ocurrió lo mismo en el caso de Orsini. Pese a que ya había salido a la luz el encuentro del líder autonomista, solo pasadas las 12.00 horas de este lunes la diputada de Revolución Democrática, aclaró a través de un comunicado que ella también había estado presente. Esto, incluso posteriormente a una reunión de bancada -en la que no participó, pero sí estuvo su jefe de gabinete- donde se conversó sobre la situación de Boric.

De hecho, la noche del domingo el diputado Giorgio Jackson, uno de los máximos referentes de RD, estuvo en TVN y no se refirió a la visita de su compañera Orsini pese a que se abordó la polémica reunión.

Orsini en su comunicado señaló que el encuentro “no estaba en conocimiento de mi partido y entiendo las críticas a la pertinencia de esta. Del mismo modo, creo que es también pertinente atender la lectura que hace la Oficina Francesa de Protección de Refugiados (OFPRA) y del mismo modo respetar el actuar de tribunales tanto chilenos como franceses”.

La respuesta de su partido no se hizo esperar. Luego de que la directiva discutiera el asunto, elaboraron un comunicado que señaló: “La decisión de asistir a dicha reunión fue a título personal. No haberle notificado al partido fue una imprudencia”.

En la misma línea, el diputado Pablo Vidal dijo que “fue una imprudencia haber sostenido dicha reunión, yo no lo habría hecho, pero valoro la postura clara de Maite y Gabriel en condenar el asesinato de Guzmán”.

Pero no solo desde los partidos de los parlamentarios implicados hubo críticas. “Hay un error de forma (…) Es un error político no haberlo puesto de manifiesto”, dijo este lunes la presidenta de Poder, Karina Oliva, en La Tercera TV. También fue crítico el exprecandidato Alberto Mayol (MDP).

Otros, en privado, aseguraban que tanto Orsini como Boric están teniendo un doble estándar en materia de probidad y que sus acciones afectarán de manera negativa la opinión que tienen los ciudadanos sobre el Frente Amplio. Esto, esperan sea abordado en el almuerzo de bancada de este martes.

Por lo pronto, para este martes se citó una reunión entre la directiva de RD, la comisión de RR.EE. del partido y la parlamentaria. No obstante, Orsini no podrá asistir por encontrarse sesionando la comisión de Trabajo y pedirá que se reagende.

Fuentes de RD afirman que son varios los que esperan que se dicte una sanción, con el fin de dar una señal política. Sería en la reunión de este martes donde se analizarían los pasos a seguir. Según las mismas fuentes, debería haber, al menos, un llamado al orden.

Cercanos a la diputada, por su parte, aseveran que una eventual acusación ante el Tribunal Supremo de RD no tendría futuro, ya que no se realizó una acción ilegal y los parlamentarios tienen libertad para poder gestionar su agenda personal.

En tanto, Boric enfrentó a la prensa en el Congreso. Ahí explicó que “no nos pareció pertinente comunicarlo (la reunión) porque como era un proceso judicial en curso, no queríamos interferir de ninguna manera”.

Orsini, en cambio, no quiso dar declaraciones y mantuvo silencio en su paso por el Congreso, escapando de la prensa. Fue ella misma quién minutos antes de que su reunión con el exfrentista fuera publicada por la prensa, llamó a sus más cercanos, quienes reconocen que estaba evidentemente afectada.

Tres días luego del viaje oficial

Fue en agosto que el Comité de Solidaridad de la Familia Palma Brzovic hizo una visita al Congreso, donde en una conversación de pasillo habría hecho el contacto con Boric, según explicó el propio parlamentario.

Ese encuentro originalmente no fue informado por ley de lobby, tal como lo indica la ley, lo que podría significar una sanción para el diputado.

Fue así como el 3 de septiembre, en un encuentro de media hora, se reunió el exfrentista con los legisladores del Frente Amplio.

La reunión se enmarcó en el viaje oficial de un gran grupo de parlamentarios a Palestina que terminó el día 31 de agosto, aunque el permiso otorgado por la Cámara a los legisladores se extendía desde el 24 de agosto hasta el 3 de septiembre. Tanto Boric como Orsini estuvieron presentes en la sala el 4 de ese mes.

Los gastos entre el 24 y el 31 de agosto fueron costeados por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), tal como lo señala el documento de la Cámara, y fueron ellos quienes les preguntaron a los diputados qué día querían el pasaje de regreso, el que tenía una escala en París. Una vez terminada la visita oficial, ambos aseguran haber costeado la estadía hasta la vuelta a Chile.

Gentileza: La Tercera

Todos los obstáculos y presiones que impiden a las mujeres acceder al aborto por tres causales

Hasta el 16 de julio de este año, 359 mujeres habían interrumpido sus embarazos acogiéndose a alguna de las tres causales que contempla la Ley 21.030 (riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación). Una de ellas terminó expulsando el feto en la sala de maternidad, sin asistencia médica, después de recibir diagnósticos contradictorios. Otra debió ser trasladada a más de 100 kilómetros para terminar con un embarazo por violación, porque en el hospital al que llegó todos los médicos eran objetores de conciencia en esa causal. Lo que es imposible de cuantificar es el total de mujeres que no pudieron acceder al aborto en las tres causales por falta de información y adecuada atención.

La polémica Ley 21.030 que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales cumplirá un año de vigencia el 23 de septiembre. Para calibrar el acceso que hoy tienen las mujeres a los abortos que contempla la ley, CIPER buscó información en hospitales de todo el país, recogió testimonios de personal médico y de organizaciones sociales que trabajan en el área, y también se entrevistó con autoridades del Ministerio de Salud. De esa indagación, emerge una cadena de obstáculos para la plena aplicación de la ley.

Los orígenes de esas trabas son distintos. En algunos casos, los obstáculos emanan de las jefaturas de servicios de los establecimientos hospitalarios, que están en manos de objetores de conciencia. En otras, de las ambigüedades y vacíos que deja abiertos la propia ley, ya que el reglamento para la objeción de conciencia sigue en trámite en la Contraloría.

La alta tasa de objetores de conciencia en el sistema público también revela que el panorama más complejo se presenta fuera de la Región Metropolitana.

De los 69 establecimientos públicos habilitados para interrumpir un embarazo, hay 41 donde la mitad o más de la mitad de los médicos se ha declarado objetor en alguna de las tres causales. Datos obtenidos vía Ley de Transparencia por CIPER y por la Corporación Humanas, indican que, de esos 41, al menos cuatro hospitales deben obligatoriamente derivar a las pacientes que soliciten un aborto por violación (tercera causal), porque todos sus médicos son objetores: los hospitales de San Fernando, Pitrufquén, Nueva Imperial y de Osorno. En conjunto, todos ellos atienden a más de 500.000 personas.

Esa obligatoriedad de derivar también ocurre en el Hospital de Peñaflor, donde todos los médicos (7) se han declarado objetores de la primera y la segunda causal (riesgo de vida de la madre e inviabilidad fetal, respectivamente).

En entrevista con CIPER, autoridades del Ministerio de Salud (Minsal) precisaron que la instrucción es que los hospitales ordenen los turnos para que en cada uno haya al menos un médico que no sea objetor de las tres causales. Un escenario utópico debido a la alta tasa de personal médico objetor de conciencia y a la baja cantidad de especialistas en distintas zonas del país.

-Lo que se ha pedido en los hospitales más pequeños es que se garantice un equipo que al menos de lunes a viernes esté estable. En casos de urgencia, se puede llamar a un médico durante el fin de semana o derivar al hospital más cercano –explicó a CIPER la matrona Daniela Vargas, encargada en el Minsal de la implementación de la ley en el sector público.

Las dificultades que tienen las menores de 15 años cuyos embarazos son fruto de una violación o representan un riesgo para su vida o para el feto que albergan en su vientre, hay que dimensionarlas junto a otras cifras oficiales. Entre 2005 y 2015 más de 10.000 menores de 15 años fueron madres en nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) recogidos por La Tercera.

Como se sabe, la mayoría de las violaciones no son denunciadas, por lo que existe una alta probabilidad de que en las regiones donde se registran más embarazos adolescentes, un porcentaje importante de ellos sea fruto de una agresión sexual. CIPER accedió a las cifras de 2016: casi el 20% de las 732 menores de 15 años que quedaron embarazadas ese año, está repartido precisamente en las tres regiones que registran el mayor número de médicos objetores de conciencia en abortos por violación: La Araucanía, Maule y O’Higgins.

Fuente: Ciper Chile

Acoso, abuso y violación: las casi 300 denuncias que existen en las FFAA y Carabineros

Entre 2010 y junio de este año, las ramas de las Fuerzas Armadas y las de Orden y Seguridad recibieron -en total- 284 denuncias, divididas entre acoso sexual, abuso sexual, violación y otro tipo de actos indebidos, donde 103 casos terminaron con sanciones.

Es decir, un 36 por ciento. Carabineros fue la institución que más registró, con 160, seguida del Ejército con 78. A su turno, la FACh reportó 29 y la Armada 17. Dentro de los castigos aplicados, los más frecuentes fueron las desvinculaciones y la imposición de días de “arresto militar”.

Las acusaciones han ido en aumento en los últimos años, en parte por la decisión de las víctimas, como también por el mejoramiento, aunque lento, de los protocolos internos. La única entidad que no dio respuesta a la solicitud realizada a través de la Ley de Transparencia fue la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

De Estados Unidos a Chile, pasando por Europa y Asia, sacerdotes, políticos, actores y directores de cine y televisión, entre otros, han sido derribados de sus posiciones de poder gracias a las víctimas de actos sexuales que se han atrevido a denunciarlos públicamente, como también ante la justicia. En Chile, los casos más emblemáticos han sido los que han remecido a la iglesia y productores de TV, entre otros. Las Fuerzas Armadas, como también las de Orden y Seguridad, no han estado exentas de este fenómeno.

Entre 2010 y junio de 2018, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y Carabineros han recibido 284 denuncias por acciones de índole sexual contra algunos de sus funcionarios. De ese total, 127 fueron por abuso sexual, 103 por acoso sexual, 38 por violaciones y 16 por otros actos indebidos. Así lo revelan las cifras a las cuales accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío a través de la Ley de Transparencia.

La institución más denunciada fue Carabineros, con 160 casos, seguida del Ejército, con 78. Le sigue la FACh, que durante ese período reportó 29 denuncias, y la Armada, con 17 (revisa acá el registro de las cuatro ramas).

La única entidad que no entregó la información solicitada fue la Policía de Investigaciones (PDI). Pese a que el pasado jueves 2 de agosto se le venció el plazo, hasta el cierre de este reportaje, es decir, más de dos semanas después, aún no daba respuesta a la petición. De este modo, la institución liderada por el director general, Héctor Espinosa, burló el mencionado cuerpo legal.

De las acusaciones registradas en el lapso de tiempo, 103 terminaron con sanciones, lo que equivale a un 36% del total. De ellas, 46 fueron por casos de abuso, 27 por acoso, 18 por violaciones y 12 por otras conductas de connotación sexual. Carabineros también encabezó este “ranking”, ya que aplicó medidas disciplinarias en 67 casos, secundada por la FACh y la Armada que registraron 13 cada una, mientras que el Ejército sancionó en 9 casos. Esta última rama castrense, sin embargo, reconoció que no tiene información de lo que ocurrió con el desarrollo de 56 denuncias.

Dentro de los castigos aplicados, el más frecuente fue la desvinculación -también conocido como baja, llamado a retiro o separación del servicio-, registrada en 48 oportunidades.

En este ámbito, Carabineros nuevamente superó al resto, ya que aplicó 32 de estas medidas. Otra acción disciplinaria bastante utilizada fue la imposición de días de “arresto militar” para algunos de los acusados, en 37 veces. El día de arresto, implica una anotación por escrito en la hoja de vida del funcionario e incide directamente en la calificación anual de desempeño. En otras palabras mientras mayor es el número -desde 1 hasta 20- aumenta la probabilidad de que abandone la institución. Al respecto, la policía uniformada, reportó 31.

Cabe acotar que si bien no se precisó cuántos casos fueron derivados al Ministerio Público, las entidades aseguraron que remitieron los antecedentes en todos los casos que podrían haber implicado algún delito.

Otro dato llamativo es el fuerte aumento que han experimentado las denuncias desde 2010 hasta ahora, dentro de las ramas que entregaron información. Mientras en 2010 se registraron ocho, al año siguiente subieron levemente a 10. El punto de inflexión lo marcó 2013. Ese año, 35 personas se atrevieron a denunciar. En los últimos años,en tanto,el nivel ha fluctuado sobre las 40 e incluso en 2017 el número llegó a 59, mientras que en lo que va de 2018 hay 40.

Para José Andrés Murillo, una de las víctimas del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima y que hoy lidera la Fundación para la Confianza, lo que ocurre en este tipo de entidades radica en el modelo de una cultura organizacional, donde la antigüedad constituye grado.

“Sabemos que este tipo de organizaciones son especialmente asimétricas, donde fácilmente el poder se transforma en un poder abusivo donde no hay una cultura de denuncia interna, donde las personas tienen que probablemente sufrir o vivir situaciones de abuso de manera silenciosa y solitaria. Porque, además, durante mucho tiempo (…) pareciera que predominan culturas donde está más prohibido hablar del abuso que abusar, está más prohibido hablar del abuso que ser víctima de abuso”, afirmó.

Y añadió: “Por lo tanto, que comiencen a haber estas denuncias, más que una mala noticia, me parece una buena (…) porque sabemos que son contextos propicios para el abuso sexual y/o el abuso de poder con connotación sexual. Y el hecho de que la gente esté comenzando a denunciar es una manera también de limpiar o de sanear los mecanismos y las dinámicas de poder”.

Razones institucionales

Uno de los factores que explica la diferencia en la cantidad de denuncias recibidas por cada institución es el tamaño de ellas. Mientras que en Carabineros y el Ejército, que fueron las que encabezaron los registros, su dotación de personal supera las 50.000 personas, la Armada está compuesta por 25.000 efectivos y la FACh con 12.000 efectivos.

Más allá de este factor, las instituciones expusieron distintas miradas sobre el panorama que entregan las cifras a las que accedió este medio. En particular, si la cantidad de casos denunciados en cada entidad es considerado un nivel bajo, medio o alto.

Carabineros, que lideró tanto la cantidad de denuncias como las sanciones aplicadas, no respondió hasta el cierre de esta edición las preguntas formuladas por Radio Bío Bío.

En el Ejército, la jefa del área de Responsabilidad Social Institucional de la Dirección de Personal, teniente coronel Bárbara Ojeda, señaló que “consideramos que las 78 denuncias registradas, tomando en cuenta la cantidad de personal que tiene el Ejército, es un nivel bajo”.

“Es menos del 1%. No obstante ello, el Ejército está preocupado de hablar de estos temas, de visualizarlos, y además de abordarlos con protocolos claros para la acción de las denuncias, el acompañamiento de las víctimas y la educación de estos temas”, afirmó. Respecto a los 56 casos de los que carecen de información, Ojeda indicó que desde 2016 la rama castrense tiene una orden de comando que por primera vez tipifica el acoso laboral y el acoso sexual.

“Anterior a esa fecha, estas faltas existían como faltas administrativas, las que estaban contempladas dentro del reglamento de disciplina. Por ende, tampoco hay un catastro completo respecto a estas denuncias porque eran faltas administrativas”, explicó.

Desde la Armada, en tanto, enviaron una respuesta institucional, aunque no se refirieron directamente a lo consultado.

“La Armada de Chile ha establecido como política la tolerancia cero para casos de connotación sexual o de otra naturaleza, que afecte las relaciones de cualquier tipo entre servidores navales. Por lo tanto, se trabaja de manera permanente para que en lo posible no existan casos de acoso o abuso sexual”, señalaron (ver respuesta completa).

Desde la rama liderada por el almirante Julio Leiva, añadieron que “cualquier denuncia es relevante para la institución y se adoptan de inmediato todas las medidas posibles para apoyar a la víctima, sancionar al responsable y extraer experiencias para evitar la repetición de nuevos casos similares”.

La FACh, escuetamente, argumentó que ante cualquier denuncia proceden bajo la normativa vigente (ver respuesta completa).

¿Es suficiente con los protocolos?

En el caso del Ejército, en 2016 se creó el primer protocolo para combatir estos temas. “La orden de comando estableció la definición de las conductas, cuáles eran las primeras acciones de mando de quienes estaban en conocimiento de estas denuncias, y cuál era el sentido que tenía la institución de resguardar la integridad de las víctimas y el debido proceso”, relató la teniente coronel Ojeda.

Añadió que se elaboró una cartilla que ha servido para ir cambiando la cultura interna. Dicho mecanismo, por ejemplo, explica a quién se le presenta la denuncia, la canalización de ella, el acompañamiento a la víctima, dónde se interviene en prevención y educación, entre otros aspectos.

En la Marina, en tanto, argumentaron que siempre han existido los canales formales para denunciar. Reconocieron, de todas formas, que desde junio de 2017 se creó “una directiva especial que dicta normas y establece procedimientos a los mandos y servidores navales sobre prevención, protección y control de situaciones que puedan constituir conductas indeseadas relacionadas con violencia”.

La orden mencionada incluye también fórmulas para dar garantías a las víctimas. Entre ellas destacan la inmunidad frente a posibles represalias para evitar la victimización secundaria, como también la reserva de los antecedentes con miras a proteger la privacidad de los o las afectadas.

La FACh, comandada por el general del Aire, Jorge Robles, indicó que la entidad “siempre ha investigado cada una de las denuncias que ha recibido”. Al respecto, remarcaron que a partir de la promulgación de la ley que tipificó y estableció sanciones para el acoso sexual, elaboraron un protocolo para abordar este tipo de materias.

Sumado a los reglamentos internos de cada institución, en mayo de este año el Ministerio de Defensa suscribió un acuerdo de cooperación con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que busca promover y velar por el pleno respeto de los derechos. En concreto, su objetivo es implementar las medidas necesarias para combatir y prevenir el acoso y la discriminación arbitraria en las instituciones de la Defensa Nacional.

Además de avanzar en esta área, José Andrés Murillo plantea que es importante para el país tener claridad en cuáles son las situaciones que se tipifican como delitos y cuáles no. “Hay situaciones de acoso sexual e incluso de abuso sexual que no son consideradas un ilícito en Chile”, indicó. Y añadió: “Eso se da en los casos donde no hay uso de la fuerza o intimidación para un toqueteo o un manoseo en la calle, lo que no se considera delito, cosa que me parece errado”.

A su juicio, el aspecto legal debe ir mejorando, porque no sólo es un problema que aqueja a las FFAA y las de Orden y Seguridad, “sino que como país debemos mejorar nuestra cultura y nuestra legislación”. Concluyó que “éticamente, hemos dado cuenta del daño que esto provoca; el daño reputacional, institucional, de clima y que en una cultura donde se respeta a las personas, claramente todo funcionará mejor”.

Violación de derechos humanos en el Sename: informe ONU cuestiona al Poder Judicial

La violación de los derechos humanos de los niños que están al cuidado del Servicio Nacional de Menores (Sename) es sistemática y grave. Así lo confirmó el informe del comité de la ONU que en enero pasado visitó cuatro hogares de la red del Sename y entrevistó a múltiples actores del sistema, en respuesta a una solicitud que surgió tras la muerte de la pequeña Lissette Villa, ocurrida en 2016. El texto fue entregado en junio al gobierno y el ministro de Justicia, Hernán Larraín, lo dio a conocer este lunes 30 de julio.

El comité constató graves deficiencias en infraestructura, supervisión y recursos humanos, estableciendo que el Estado es responsable de las violaciones de derechos que sufren los niños, niñas y adolescentes (NNA), quienes están expuestos a violencia y enfrentan graves problemas de acceso a educación y atención de salud oportuna. Las críticas apuntan al Sename y a sus organismos colaboradores, pero el Poder Judicial también figura entre los actores más cuestionados.

En particular, el informe criticó a los jueces porque privilegian la adopción de medidas que separan al niño de su familia, aunque esta opción debiese ser la última, tras explorar todas las posibilidades de mantener a los NNA en su núcleo familiar. La separación, por lo demás, debe ser “excepcional y transitoria”, mientras se evalúan los cambios en las condiciones de la familia para concretar la pronta reintegración. Pero el informe constata que “la mayor parte de los jueces carecen de formación específica para evaluar dichos avances (de programas de reintegración) y se limitan en gran medida a supervisar la situación del centro”.

El Estado chileno, señala el informe del comité de expertos, permite que los menores “ingresen al sistema residencial por razón de carencias económicas, sin que los Tribunales de Familia activen la ayuda material que requiera la familia para otorgarles el cuidado adecuado”.

El sistema judicial también falla porque “la frecuente ausencia de motivación suficiente de las sentencias impide conocer los elementos considerados (para decretar la internación del menor)”. Esto no permite hacer una ponderación adecuada de los factores que llevaron al juez a determinar la separación de la familia.

Otros cuestionamientos indican que los jueces permiten que se prologue “sin control” el tiempo que el menor estará internado y que se separen hermanos “por razones administrativas”, sin consideración del interés superior de los niños.

El documento de la ONU deja establecido que el Poder Judicial es responsable “de la supervisión de la situación del NNA y su avance en el programa de integración”. Pero esto no se cumple por dos razones: la primera es que “la mayor parte de los jueces carecen de formación específica para evaluar dichos avances” y la segunda apunta a que “las decisiones judiciales no determinan en muchos casos qué derechos han sido vulnerados, lo que no permite identificar para qué se interna y de qué debe recuperarse el NNA”. Esto último, genera la ausencia casi total de “planes de intervención y falta de seguimiento”. De hecho, el informe acusa que el plazo para la internación “frecuentemente expira sin el conocimiento del tribunal que conoce la causa, encontrándose el NNA institucionalizado sin medida vigente”.

Los expertos de la ONU constataron que el Poder Judicial ha enviado a más de 400 menores a “organismos coadyuvantes”, debido a la falta de plazas en los hogares que dependen o están bajo regulación del Sename. El problema es que las condiciones en que operan estos centros, como no reciben subvención pública, no son supervisadas por el Servicio Nacional de Menores.

El informe acusa que tanto el Poder Judicial como el Sename no ejercen sus tareas de supervisión con “rigurosidad suficiente”, lo que implica el incumplimiento “de estándares mínimos en materia de infraestructura, seguridad, vigilancia”, además de “carencias materiales relativas a higiene y bienestar”.

Finalmente, el documento estable que los jueces de Familia, “por regla general”, deciden internar al menor “con escasa o sin participación del NNA y de la familia (…), lo que no permite evaluar sus condiciones particulares y las medidas necesarias para ayudar a la familia”. El informe reporta que solo el 32,1% de los menores dice que tiene oportunidad de hablar con el magistrado y el 30,8% con un abogado que lo represente. A su vez, el 20,4% de los hogares consignó que en su última visita el juez no habló con los niños.

La mujer que se hizo detective privado para encontrar al asesino de su amiga 20 años después

El afán de justicia de Sheila Wysocki es toda una prueba de perseverancia. Como cuenta el medio «BBC», Wysocki, traumatizada por la violación y asesinato de su amiga Angela Samota en 1984, puso todo su empeño en reabrir el caso dos décadas más tarde y en encontrar al responsable de su muerte. Sus esfuerzos tuvieron recompensa cuando su insistencia hizo que la policía emprendiera nuevas pesquisas y diera con el culpable.

«Angie fue encontrada en su habitación a altas horas de la madrugada, la habían violado y asesinado. Fue un apuñalamiento muy violento, horrible. Recuerdo gritar porque mi madre vino y cuando colgué el teléfono, a través de mis lágrimas supo lo que había sucedido», explicó Wysocki a «BBC». El dolor causado por la muerte de su amiga le causó varios problemas psicológicos, de los que consiguió recuperarse poco a poco. Desde el principio, la mujer decidió ayudar en la investigación policial, llegando a irse a cenar con el principal sospechoso para intentar conseguir alguna pista o descubrir algo sobre él. Todo fue en vano.

Tuvieron que pasar veinte años para que Wysocki se decidiera a tomar, de nuevo, cartas en el asunto. Fue en 2004, tras abandonar Texas e instalarse junto a su familia en Tennesse, cuando intentó reabrir las pesquisas. Para conseguir su propósito, estudió para convertirse en detective privado y resultar más convincente ante la policía. Finalmente, el caso volvió a investigarse, y en esa ocasión pudo resolverse con éxito: dos pruebas de ADN, que en 1984, por lo incipiente de las técnicas de análisis, no habían dado la información necesaria, volvieron a ser estudiadas. En esa ocasión, permitieron identificar al responsable del asesinato y violación de su amiga Angela.

«Fui al juicio en Dallas para ver hacer justicia a Angie, y ahora él no está en la calle y creo que se está pudriendo en la cárcel con una cadena perpetua, pero eso no cambia nada, ella sigue muerta», lamentó, de todos modos, Wysocki en «BBC».

Victimización sube por cuarto año seguido y Tarapacá lidera registro

Durante 2017, en el 28% de los hogares de Chile al menos uno de sus miembros fue víctima de algún delito. Así lo dio a conocer el gobierno, que entregó los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) realizada el año pasado.

La cifra representa un alza de un 0,7% con respecto a 2016. Aunque no fue calificado como un aumento significativo, sí se trata de la cuarta alza consecutiva desde 2013, cuando la víctimización alcanzó el 22,8% .

Ante la estadística, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se mostró preocupada por el crecimiento sostenido de esta cifra. “Desde 2013 hasta hoy hemos aumentado en más de 230 mil hogares victimizados”, enfatizó. También indicó que la tarea pasa por reforzar la prevención de los ilícitos.

Desde la administración anterior, el exsubsecretario de Prevención del Delito, Óscar Carrasco, considera que las cifras demuestran “una cierta estabilidad” desde hace seis años. “El año 2011 llegó a haber una victimización del 28,8% y en años anteriores mayores a 30%. Pero en los últimos años ha estado estable”, resaltó. La exautoridad, además, dijo que estos números no deben ser analizados de un año a otro, sino que ser vistos en mediano a largo plazo.

Punto de vista similar comparte Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, quien advirtió que es “preocupante” que pese a los recursos invertidos en la última década, el número de familias que son víctimas de delitos se mantienen.

“En los últimos 10 años hemos más que duplicado el presupuesto en seguridad y justicia en Chile y eso no se ha materializado en una disminución de los delitos”, dijo. Johnson, al igual que Martorell, cree que el camino a seguir para bajar los índices está en el fortalecimiento de las labores preventivas.

Donde la encuesta sí experimentó una variación significativa fue en la percepción de inseguridad, la cual descendió del 85% al 80,8%.

Otra caída se vio en el porcentaje de denuncias, que ha experimentado una baja sostenida durante los últimos tres años. Del 43,5% de 2015, en 2017 disminuyó hasta el 38,5%. Los principales argumentos para no denunciar los delitos, según la encuesta, son que la pérdida “no fue lo suficientemente seria” o por creer que los tribunales o las policías “no hubieran hecho nada”.

Regiones

La región con mayor victimización fue Tarapacá, con un 35,9%, seguida por la Metropolitana, con el 31,9%. Ambas son las únicas zonas por sobre el promedio país.

En el caso de Tarapacá, pese a tener las cifras más bajas desde 2012 -año en que alcanzó un 42,9%- continúa a la cabeza a nivel nacional. El intendente regional, Miguel Ángel Quezada, considera que esta situación tiene múltiples causas, aunque resalta la alta cantidad de robos de vehículos, fomentado por la presencia de la Zona Franca de Iquique. La autoridad también destacó las incivilidades: “Hay una multiplicidad de factores que provocan este panorama, algunos de ellos motivados por el microtráfico”.